La Cámara de Diputados analiza un proceso para eliminar la protección legal de una legisladora acusada de operar para un grupo criminal y con cuentas congeladas por UIF. En un esfuerzo por fortalecer la investigación en torno a posibles vínculos con organizaciones delictivas, la Cámara de Diputados está considerando un procedimiento para retirar el fuero a una legisladora de Morena, acusada de presuntos nexos con el cártel conocido como “Los Mayitos”. La petición surge después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara las cuentas bancarias de la diputada, en medio de señalamientos por favorecer actividades delictivas en su etapa como alcaldesa de Playa de Rosarito. Este proceso busca evitar que el privilegio legal frene avances en las indagatorias, que se centran en supuestos vínculos con el crimen organizado. La solicitud fue presentada por el vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, quien argumenta que el uso del fuero es frecuentemente aprovechado para obstruir la justicia, como ocurrió en casos similares. El caso adquiere relevancia en un contexto donde las autoridades mexicanas refuerzan la vigilancia sobre actividades criminales en instituciones públicas. Investigaciones señalan que un operador cercano a la diputada facilitó el control de cargos en el ayuntamiento por parte de grupos delictivos, lo que pone en evidencia posibles complicidades y la necesidad de una acción legal efectiva. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó que se presenten las pruebas correspondientes para esclarecer las acusaciones. Este esfuerzo refleja una tendencia significativa en México hacia la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en niveles políticos y administrativos, buscando garantizar que los ministerios públicos puedan avanzar con las investigaciones sin que el fuero actúe como obstáculo.
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