La tradicional división entre gobierno e iniciativa privada se difuminó. Mientras el Gobierno Federal asumió su rol constitucional en la coordinación de la seguridad y la infraestructura básica, los brazos filantrópicos de empresas privadas se convirtieron en aliados operativos esenciales. A diferencia de respuestas pasadas, donde la ayuda se estancaba, la colaboración activa permitió combinar capacidades institucionales con la agilidad logística de empresas.
Un ejemplo destacado es la Fundación Traxión, a través de su eje Axión Logística, que ejecutó 685 viajes, movilizó recursos para 330 instituciones y benefició a más de 120,000 personas. Su capacidad para llegar a zonas de difícil acceso fue crucial para la entrega de víveres y medicamentos.
La Industria Mexicana de Coca-Cola, bajo la dirección de Louis Balat y su fundación, apoyó con millones de pesos tras inundaciones y la tormenta tropical Raymond, desplegando plantas potabilizadoras móviles y entregando despensas y kits de higiene en Puebla, Veracruz e Hidalgo, en coordinación con autoridades.
Estas intervenciones han puesto de manifiesto la necesidad de revisar las políticas públicas de emergencia y considerar una integración más permanente de capacidades logísticas privadas al aparato estatal. Si bien la discusión sobre la privatización funcional de tareas estatales es válida, 2025 demostró que la solidaridad organizada salva vidas.
Las sinergias entre el Estado y organizaciones privadas comprometidas representan una nueva forma de resiliencia nacional, transformando la respuesta ante tragedias naturales en una prueba de coordinación y aprendizaje colectivo.
Déjà vu en el ISSSTE
El inicio de 2026 ha estado marcado por controversias, entre ellas, la adjudicación de un contrato multimillonario por parte del ISSSTE, dirigido por Martí Batres, a Hurga Sanitización y Limpieza. Esta empresa, vinculada al llamado cártel de la limpieza y a José Juan Reyes Domínguez, recibió un contrato de hasta 2 mil 412 millones de pesos para servicios de aseo e higiene.
Se señala a la Dirección de Administración del ISSSTE, a cargo de Omar Butrón Fosado, de presuntamente haber facilitado la asignación al incluir requisitos como la NOM-241-SSA-2012, una norma derogada. Este procedimiento es similar al ocurrido en el IPN en 2025, que resultó en la destitución de su administrador.
Nepotismo con disfraz en San Luis Potosí
En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo ha sido criticado por instrumentalizar la paridad de género. La iniciativa conocida como ‘Ley Ruth’ o ‘Ley Esposa’ busca, bajo el disfraz de acción afirmativa, blindar la candidatura de su esposa en 2027, perpetuando así el control familiar sobre el estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto atención sobre esta reforma local, cuya constitucionalidad es revisada por el equipo de Arturo Zaldívar. Expertos señalan que este uso faccioso de la ley pervierte el espíritu de igualdad sustantiva y se convierte en un vehículo de nepotismo.
Democracia sindical, un escollo en la revisión del T-MEC
Los sindicatos de Estados Unidos exigen al gobierno mexicano, a través del USTR, elecciones sindicales libres, secretas y verificables, la eliminación de sindicatos de protección, transparencia total en votaciones y rendición de cuentas en el manejo de cuotas y recursos.
El caso de Alejandro Martínez Araiza, quien enfrenta acusaciones de desvío de 500 millones de pesos en cuotas sindicales y millones por la venta de un edificio sindical, ejemplifica los problemas de corrupción y falta de transparencia que persisten. Trabajadores disidentes esperan respuesta de las autoridades laborales y del comité ejecutivo del SNAC.