La Fiscalía General de la República (FGR) convocó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de acusaciones de narcotráfico provenientes de Estados Unidos. A diferencia de su citatorio, el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue programado en un lugar y hora específicos, generando cuestionamientos sobre el manejo de ambos casos.
Rocha Moya fue acompañado por otros coacusados, incluido el senador Enrique Inzunza Cázarez y exfuncionarios, para responder a la FGR sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado y el Cártel de Sinaloa. Este encuentro ocurre un mes después de que se solicitara su detención en Nueva York.
En contraste, Maru Campos se presentó ante la FGR como testigo debido a un operativo en su estado que resultó en la destrucción de un laboratorio utilizado para la producción de drogas. Al llegar, la gobernadora denunció un uso político de las instituciones federales y afirmó que el actual gobierno protege a delincuentes.
A pesar de su fuero constitucional, Campos cuestionó la legalidad del citatorio y enfatizó que su comparecencia no era necesaria. Su abogado argumentó que el proceso carecía de fundamento legal, dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales protege a los funcionarios en su situación.
Ambos eventos reflejan la creciente tensión política en México, donde los líderes locales están enfrentando investigaciones y citatorios que podrían tener repercusiones importantes en el panorama político y social del país.
Con información de vertigopolitico.com