Documentos judiciales de Estados Unidos han sacado a la luz una presunta red de corrupción relacionada con "Los Chapitos", que opera en Sinaloa. Las investigaciones sugieren que miembros del Cártel de Sinaloa habrían sobornado a funcionarios locales para obtener protección y apoyo en sus actividades ilegales.
Las acusaciones dirigidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen a figuras como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros exfuncionarios clave en el ámbito de seguridad pública. Los sobornos tenían como objetivo asegurar que estos funcionarios ignoraran las actividades del cártel y proporcionaran información estratégica.
Uno de los involucrados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal, habría recibido hasta 100 mil dólares mensuales a cambio de proteger al grupo de Guzmán. Este tipo de sobornos facilitaría a la organización criminal la operación de laboratorios y el traslado de sustancias antes de que los operativos los alcanzaran.
El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, también fue nombrado en el expediente. Supuestamente, realizó cobros mensuales para asegurar la protección de la facción criminal y ofrecer información sobre operativos conjuntos con la DEA. Otros funcionarios de alto rango se beneficiarían de pagos similares, permitiendo que "Los Chapitos" mantuvieran su dominio en el estado.
Las revelaciones se dan en un momento en que se intensifican las pesquisas nacionales e internacionales sobre la corrupción en las filas gubernamentales de Sinaloa. Las acusaciones afectan directamente a figuras influyentes, incluyendo al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, sugiriendo un entorno profundamente comprometido con el narcotráfico. A medida que avanza la investigación, varios implicados han rechazado las acusaciones, argumentando que tienen razones políticas.
Con información de quinto-poder.mx