María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, rechazó las acusaciones del Gobierno Federal, defendiendo la legalidad de su gestión. Al mismo tiempo, advirtió que en Sinaloa la narcopolítica se ha vuelto habitual, mencionando los vínculos del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado formalmente por la Fiscalía de Nueva York por presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa.
En este contexto, la gobernadora manifestó que mientras enfrenta ataques por haber desmantelado un narcolaboratorio en su estado, en Sinaloa este tipo de prácticas son toleradas. Su declaración se produce en un momento crítico, ya que la Fiscalía General de la República investiga posibles irregularidades relacionadas con un operativo antinarcóticos en el que murieron dos supuestos agentes de la CIA.
La investigación federal, aún en curso, indaga sobre la participación no autorizada de estos agentes en un operativo en el que se desmantelaron instalaciones del Cártel de Sinaloa. Además, se busca esclarecer si las autoridades chihuahuenses estaban al tanto de la intervención extranjera, lo que podría implicar graves consecuencias legales.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, refutó las afirmaciones de Campos, destacando que la colaboración con agentes estadounidenses se realizó fuera del marco legal. La tensión entre la gobernadora y el Gobierno Federal se ha intensificado, generando reacciones políticas, incluida una marcha de apoyo por parte del Partido Acción Nacional en favor de Campos, quien enfrenta serias acusaciones de traición.
La situación resalta un conflicto más amplio sobre la soberanía mexicana, sumado a la complejidad de las relaciones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad. Este caso podría marcar un precedente en las dinámicas de cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.
Con información de zetatijuana.com