La legisladora de Morena rechaza dejar su cargo tras ser señalada por presunto apoyo a criminales, argumentando inocencia y respaldo de su partido.
En medio de una polémica internacional, la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo reafirmó su intención de mantener su puesto en el Congreso sin renunciar, pese a acusaciones de apoyar a integrantes del narcotráfico. La legisladora asegura que su elección fue por voto popular y que no existen motivos legales que justifiquen su salida del cargo. Además, invoca su derecho constitucional a la presunción de inocencia, señalando que hasta que no se comprueben hechos en su contra, continuará en su posición.
El señalamiento proviene de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que la incluyó en su lista de personas relacionadas con el comercio ilícito. La organización estadounidense la acusa de haber brindado apoyo político a una conocida figura del Cártel de Sinaloa durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, un cargo que ocupó durante cinco años. Como parte de las sanciones, Estados Unidos solicitó a México el congelamiento de sus cuentas bancarias junto a las de otros empresarios vinculados a actividades ilegales.
En el contexto mexicano, el caso ha generado diversas reacciones. Hasta ahora, el partido Morena ha expresado apoyo público a Brown Figueredo, aunque no ha emitido una postura oficial formal respecto a las acusaciones. La situación pone en relieve la tensión entre las leyes internacionales y el proceso democrático en México, en un escenario donde las acusaciones podrían tener repercusiones políticas y legales importantes.
Este hecho subraya la necesidad de revisar los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos de los legisladores frente a acusaciones que aún no se han comprobado en tribunales. La resistencia de Brown refuerza la importancia de garantizar un proceso justo, respetando los derechos humanos y el estado de derecho en ambos países.