La reciente entrega de dos colaboradores cercanos a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses ha generado incertidumbre. Si no hay pruebas contra ellos, surge la pregunta: ¿por qué decidieron someterse a la justicia del país vecino? La respuesta puede ser más compleja de lo que aparenta.
Desde el lado estadounidense, la lectura es contundente. El Departamento de Justicia, bajo la dirección interina de Todd Blanche, ha desarrollado un caso que parece tener un fundamento sólido. Según fuentes cercanas, la estrategia del DOJ se basa en evidencias contundentes, dejando pocas opciones para quienes enfrentan este tipo de acusaciones.
En medio de esta controversia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, optó por la cautela durante su gira por Yucatán. A pesar de ser interrogada sobre los recientes eventos relacionados con Sinaloa, evitó profundizar y se limitó a abordar temas de soberanía y transformación nacional, lo que genera suspicacias sobre su postura frente a la situación.
La agitación en la política local también coincide con críticas a la gestión de Elma Marisol Martínez, directora de la Sefirc. Varios colaboradores mencionan que su administración ha sido marcada por la falta de fiscalización y un evidente desinterés por la rendición de cuentas. La percepción de incompetencia se ha vuelto un tema común entre los ciudadanos que observan la función pública.
Finalmente, en el contexto del Mundial 2026, contrastan las expectativas oficiales de un repunte en el turismo con la realidad de los empresarios locales. Aunque se prevé una gran afluencia de visitantes, muchos hoteleros consideran que las proyecciones son demasiado optimistas, lo que destaca una desconexión entre el discurso gubernamental y las expectativas del sector.
Con información de vanguardia.com.mx