Un día antes de las elecciones del 6 de junio de 2021, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate, fue víctima de un secuestro que duró aproximadamente nueve horas. Este incidente ocurrió mientras se preparaba para su postulación al Congreso del estado de Sinaloa.
En una entrevista, Gárate recordó haber asistido a una reunión de candidatos donde, sorprendentemente, fue la única participante. Posteriormente, cuando se dirigía a su oficina de campaña en las afueras de Culiacán, fue interceptada por un convoy con más de 20 camionetas, de las cuales descendieron hombres armados y encapuchados que la retuvieron.
“Somos sobrevivientes de esa narcoelección en la que miles de personas, como yo, fueron secuestradas”, declaró la legisladora, haciendo referencia al ambiente de violencia que caracterizó las elecciones. Afirmó que el 90% de la estructura electoral de su partido fue víctima de delitos, poniendo en riesgo la integridad del proceso electoral, que se vio empañado por numerosos incidentes.
Gárate también subrayó que la actuación del gobierno de Estados Unidos, que ha procesado a 10 funcionarios por sus supuestos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa, está más que justificada. La diputada incitó a las autoridades mexicanas a tomar acción: “Si el gobierno estadounidense ya emitió órdenes de arresto, es porque cuenta con pruebas”.
La legisladora enfatizó la necesidad de que el gobierno mexicano cumpla con su deber de realizar arrestos, indicando que existen testigos que vivieron los sucesos de aquella narcoelección. Este contexto de impunidad y complicidad sugiere un desafío significativo para la seguridad y la legalidad de futuros procesos electorales en la región.
Con información de laopinion.com