Un análisis del último informe del INEGI revela cuáles son las localidades donde los habitantes se sienten más vulnerables, resaltando desigualdades políticas y de seguridad.
En el marco de la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2025, se observaron variaciones notables en la percepción de inseguridad en distintas ciudades del país. Esta encuesta, que recopila las opiniones de habitantes mayores de 18 años en 91 zonas urbanas, funciona como un indicador clave del sentir social respecto a la seguridad pública en México.
Los resultados muestran que municipios como Culiacán, en Sinaloa, encabezan la lista con un 88.3% de población que se siente insegura en su entorno, seguido de Irapuato en Guanajuato con un 88.2%. Otros puntos con altos niveles de percepción negativa son Chilpancingo en Guerrero y Ecatepec en el Estado de México, con cifras que superan el 84%. La distribución de estos municipios refleja una problemática compleja, ya que algunos están gobernados por diferentes fuerzas políticas, incluyendo partidos de oposición y el partido en el poder, Morena, lo que sugiere que la inseguridad no está ligada únicamente a un factor político específico.
A diferencia, las localidades donde los habitantes expresan mayor confianza en su seguridad se encuentran en el norte del país, como San Pedro Garza García y Piedras Negras, con cifras que no alcanzan el 20%. Esto indica una disparidad significativa en la experiencia de seguridad en distintas regiones mexicanas, profundizando la percepción de desigualdad en el país.
Históricamente, la inseguridad en México ha estado vinculada a problemáticas sociales, económicas y políticas, y su percepción impacta directamente en decisiones de movilidad, inversión y desarrollo local. La diferencia marcada entre las zonas más inseguras y las más seguras refuerza la necesidad de políticas integrales que aborden de raíz los factores que generan violencia y miedo en las comunidades.
El último levantamiento de datos se realizó en una muestra de más de 27 mil viviendas a lo largo de todo el país, evidenciando que en ciertas áreas aún persisten retos importantes en materia de seguridad ciudadana. La solución requiere combinar esfuerzos jurisdiccionales con estrategias sociales que generen confianza y protección en las comunidades.