La presidenta de México confirma el cumplimiento de una resolución internacional por el caso de Ernestina Ascencio, vinculando los hechos al gobierno de Felipe Calderón.
El 17 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Estado mexicano acatará en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con el caso de Ernestina Ascencio Rosario. La sentencia ordena la reparación del daño a pesar de haber ocurrido casi dos décadas atrás, en 2007, cuando la indígena náhuatl fue víctima de violencia, tortura, violación y muerte a manos de elementos del Ejército Mexicano.
El anuncio, realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México, reafirma el compromiso del gobierno actual con la justicia internacional y la transparencia en casos de violaciones graves a derechos humanos. La mandataria enfatizó que cada una de las recomendaciones del organismo será atendida, incluyendo medidas específicas para el acompañamiento de los hijos de la víctima.
Este caso también marca un reconocimiento de la responsabilidad histórica del Estado en aquel oscuro episodio durante el mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en un contexto marcado por la denominada «guerra contra el narco», que fue denunciado por intensas violaciones a derechos humanos. La referencia a Calderón durante el anuncio subraya la persistente discusión sobre las acciones y abusos de los gobiernos pasados, un tema que sigue siendo crucial para la memoria y la reconciliación del país.
Existen antecedentes que evidencian la lentitud en la justicia mexicana, como la advertencia previa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre contradicciones en el caso, así como la aceptación por parte del fiscal de Veracruz de un exhorto en este sentido. La aceptación formal de la sentencia representa un paso determinante para cerrar heridas abiertas por masacres y abusos, además de sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado ante tribunales internacionales.
Este compromiso institucional también ofrece una oportunidad para fortalecer las políticas públicas en materia de derechos humanos y evitar la repetición de estos crímenes. La justicia por Ernestina Ascencio y su reconocimiento en el escenario internacional remiten a la importancia de consolidar un Estado que respete y proteja a todas sus comunidades frente a abusos sistemáticos.
La decisión de Sheinbaum refleja un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en el reconocimiento de las víctimas, marcando un precedente que puede influir en futuras demandas y en la construcción de una historia institucional más responsable y transparente.