Durante 2025, el Senado adjudicó de forma directa contratos millonarios para celebraciones y servicios sin seguir procesos de competencia, evidenciando prácticas poco transparentes.
El Senado de la República destinó más de 5.750.000 pesos a la empresa Pro DAHG para la organización de eventos navideños en 2024, incluyendo el encendido de dos árboles, nacimientos y conciertos, en una contratación que fue adjudicada sin licitación pública. Este acto refleja una tendencia en la Cámara Alta, donde durante 2025 se asignaron nueve de cada diez contratos de servicios por vía directa, omitiendo procesos de competencia establecidos por la ley.
El análisis de los contratos reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia revela que, en sólo los primeros nueve meses del año, el Senado firmó al menos 534 contratos por un monto total que supera los 445 millones de pesos. La mayoría de estas adjudicaciones no mostraron comparación de precios, concurso de proveedores ni evidencia de procesos abiertos, incrementando la preocupación sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
Entre las contrataciones más costosas se encuentran pagos que superan los 83 millones de pesos a instituciones de seguridad, servicios tecnológicos y aseguradoras. Además, se reportan contratos millonarios por eventos académicos, culturales y actividades navideñas, como el pago de 28 millones de pesos por la organización del programa de actividades 2025, incluyendo conciertos y talleres. En esta partida, se destaca también la contratación millonaria para el encendido de árboles y nacimientos, presupuestado en cerca de 4.8 millones de pesos.
Este patrón de contratación ocurre en un contexto donde la transparencia y la competencia en el uso de fondos públicos es fundamental para mantener la confianza ciudadana y evitar prácticas que favorecen a ciertos proveedores sin seguir los procedimientos legales, lo que genera preocupación sobre la gestión de recursos en el órgano legislativo.
La falta de criterios claros en muchas contrataciones y la ausencia de documentación completa dificultan una evaluación adecuada del gasto público, enfatizando la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso.