La resolución de la SCJN refuerza la legalidad de la eliminación de fondos públicos y su impacto en el federalismo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado la legalidad de la extinción de 109 fideicomisos promovida en 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión, tomada por unanimidad, asegura que esa acción no vulnera las atribuciones de los gobiernos estatales implicados. Esto refuerza el entendimiento del marco constitucional respecto a la autonomía de las entidades federativas.
El tribunal desestimó las controversias presentadas por governadores de distintas entidades, quienes argumentaban que la eliminación perjudicaba la asignación de recursos. Los ministros consideraron que las demandas no demostraron afectaciones directas a las facultades constitucionales de los estados. Además, criticaron la demora de más de cuatro años en resolver estas controversias por la anterior integración del tribunal, insistiendo en la irresponsabilidad del retraso.
Aunque la Corte sostuvo la validez del decreto y la importancia del federalismo, aclaró que no emitirá una resolución definitiva sobre posibles vulneraciones a derechos humanos relacionadas. La evaluación de políticas públicas, como decisiones presupuestarias, permanece fuera de su competencia estricta en estas controversias.
Desde un análisis actual, el fallo representa un respaldo a las reformas del gobierno federal en materia de gestión de recursos públicos. También refleja la necesidad de mayor coordinación y transparencia en la desaparición de fondos para evitar percepciones de impacto negativo en las entidades.
Este fallo ayuda a entender el equilibrio entre federalismo y centralización en decisiones presupuestarias nacionales, cuestión que seguirá siendo central en la política pública y judicial en México.