San Luis Potosí. - La libertad de expresión en San Luis Potosí enfrenta serios desafíos a medida que la disputa por la gubernatura se intensifica. La situación se agrava con los procesos penales que afectan a periodistas y comunicadores, incluyendo a aquellos que critican la gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su esposa, la senadora Ruth González Silva.
Un caso emblemático es el de Eréndira Reyes Aguillón, directora del portal ‘San Wicho Times’, y su hija Alejandra Hermosillo, quienes fueron detenidas el 21 de mayo junto a Christian Herrera, creador de contenido de Código Rojo, tras publicar en redes cuestionamientos hacia el gobernador. Los contenidos compartidos incluían accusations sobre vínculos criminales del mandatario y una imagen con González Silva.
Las detenciones se basan en reformas al Código Penal aprobadas en noviembre de 2025, impulsadas por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés. Conocida como la “Ley Serrano”, esta modificación penaliza el uso no autorizado de imágenes e identidades digitales a través de herramientas de Inteligencia Artificial, poniendo en riesgo la labor de comunicadores y activistas.
El 5 de junio, un juez permitió la suspensión condicional del proceso para Eréndira y Alejandra, quienes recuperaron su libertad al aceptar su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, al menos otros ocho comunicadores enfrentan investigaciones similares, lo que genera un ambiente de temor entre quienes ejercen el periodismo en la región.
La Fiscalía de San Luis Potosí, bajo el liderazgo de María Manuela García Cázares, justifica estas acciones por la supuesta afectación al honor y la reputación de los denunciantes. No obstante, organizaciones de derechos digitales advierten que la ambigüedad de la reforma legislativa abre la puerta a interpretaciones que podrían silenciar voces críticas y limitar la libre expresión.
Con información de heraldodemexico.com.mx