La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona la aprobación de una modificación que permite la aplicación retroactiva de la Ley de Amparo, generando debate político.
En un episodio que ha puesto en jaque la reciente legislación de Justicia en México, la jefa del Ejecutivo nacional dejó clara su postura en torno a una modificación aprobada en el Senado que permite que la Ley de Amparo tenga carácter retroactivo. La ley fue discutida en la Cámara Alta durante la madrugada y concretada con 15 cambios a la propuesta original, siendo la inclusión de la retroactividad uno de los puntos más polémicos. La mandataria afirmó que desconoce los detalles de esa adición, ya que la iniciativa enviada por su gobierno no la contemplaba, y agregó que dicha disposición debe ser revisada por la Cámara de Diputados para garantizar su correcta aplicación.
Amplía la controversia el hecho de que la ley permita que asuntos en trámite continúen su proceso, lo cual podría alterar procesos judiciales en curso. Sheinbaum insistió en que las leyes no deben tener efectos retroactivos, salvo en casos que impliquen cambios constitucionales, y reforzó la necesidad de que las cámaras legislativas aclaren el alcance del transitorio incorporado. Como medida precautoria, la presidenta sugiere que cualquier solicitud de amparo futura se someta a las nuevas reglas, aunque los casos en trámite seguirían su curso según la legislación vigente al momento.
Este cambio legislativo, que ha generado opiniones divididas, refleja las tensiones políticas en torno a las amparos y el acceso a la justicia, y pone en evidencia la importancia de revisar detalladamente las modificaciones a leyes de gran impacto. La decisión de requerir una revisión en la Cámara de Diputados responde a la necesidad de garantizar claridad jurídica y evitar interpretaciones que puedan afectar derechos constitucionales.
La polémica también evidencia la preocupación por la posible afectación de derechos de los ciudadanos y la independencia judicial, en un contexto donde la transparencia y el respeto a la legalidad son clave para fortalecer el Estado de Derecho en México.