Las modificaciones constitucionales buscan crear una ley general para sancionar la extorsión y mejorar la ratificación de mandos militares en seguridad pública. En una sesión reciente, la Legislatura de la entidad aprobó cambios constitucionales enviados por el Congreso de la Unión, enfocados en reforzar el marco legal en materia de seguridad y justicia. Los ajustes legislativos habilitan la expedición de una Ley General de Extorsión, que establecerá claramente los delitos, agravantes y sanciones para quienes cometan este crimen, clave para reducir su incidencia y fortalecer la investigación. La extorsión representa un delito que no solo perjudica a las víctimas directas, sino que también impacta la economía y genera inestabilidad social, por lo que una regulación unificada resulta vital para evitar vacíos legales que compliquen la acción policial. Además, se introdujeron modificaciones en los artículos 76 y 78 de la Constitución, que incluyen lenguaje inclusivo y otorgan al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional, designados por el Ejecutivo Federal. Estos cambios buscan mejorar la transparencia en el proceso de selección y fortalecer la colaboración entre los poderes en temas de seguridad nacional. Estas reformas, presentadas por la Junta de Coordinación Política y lideradas por el diputado Juan Manuel Molina García, forman parte de un proceso nacional que requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales para su implementación definitiva. La iniciativa evidencia un compromiso conjunto para modernizar y dignificar el sistema de justicia y seguridad en el país.
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