La iniciativa busca fortalecer la legislación contra conductas abusivas y promover un entorno laboral respetuoso y seguro para los servidores públicos.
En un esfuerzo por combatir la violencia de género y promover la responsabilidad en el servicio público, las cámaras legislativas han aprobado una reforma que amplía las conductas sancionables en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La propuesta, presentada por la Comisión de Justicia, incluye nuevas disposiciones para sancionar acciones como humillaciones, amenazas, abusos físicos y actos lascivos sin consentimiento en el ámbito laboral y jerárquico de las instituciones públicas.
Esta medida responde a la persistente problemática del acoso laboral y sexual en el sector gubernamental, problemática evidenciada por reportes nacionales e internacionales. Estudios recientes indican que, solo en 2017, más de 18 mil empleados renunciaron debido a situaciones de hostigamiento laboral. Además, cifras del INEGI revelan que cerca del 22% de las mujeres en trabajos remunerados enfrentan discriminación, acoso o violencia en sus empleos, subrayando la urgencia de nuevas regulaciones para proteger sus derechos.
El contexto social y legislativo señala que, aunque existen normativas internacionales y tratados que condenan estas conductas, todavía persisten lagunas en la legislación nacional. La reforma busca llenar estos vacíos, promoviendo un ambiente laboral más justo y respetuoso. Al fortalecer los mecanismos de responsabilidad, se pretende reducir la incidencia de conductas abusivas y crear un entorno laboral donde prevalezca el respeto hacia todos los servidores públicos.
En el marco de estas acciones, la propuesta también prioriza la cultura de cero tolerancia, alineándose con los esfuerzos internacionales para eliminar la violencia de género y proteger los derechos humanos en el sector público. La iniciativa destaca como un paso importante para garantizar el respeto, la seguridad y la dignidad en los espacios laborales del Estado.