Ciudad de México. – Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en todo México enfrentan una severa crisis financiera debido a recortes presupuestales aplicados por los gobiernos estatales, independientemente de su filiación partidista. Sin embargo, aquellos administrados por Morena han sido los más afectados por estas medidas de austeridad, comprometiendo su operatividad y la realización de procesos electorales.
El caso más crítico se presenta en el OPLE de Zacatecas, gobernado por David Monreal (Morena), que ha sufrido recortes consecutivos en 2024 y 2025. A pesar de que el organismo solicitó 177 millones de pesos para su gasto ordinario en 2025 y la elección judicial, solo se le autorizaron 30 millones, generando un déficit de 147.2 millones de pesos. A esta situación se suma una deuda de 10 millones de pesos con la Secretaría de Finanzas estatal y un recorte presupuestal del 33.89% aplicado por el Congreso local en 2024. El OPLE zacatecano ha tenido dificultades incluso para cubrir los pagos de nómina durante tres años.
Otros estados gobernados por Morena también registran déficits significativos: San Luis Potosí (67.8%), Tamaulipas (53.9%), Chiapas (63.23%) y Puebla (63.23%). En entidades con gobiernos del PAN, como Querétaro, el ajuste es del 47%, y en Aguascalientes del 31%. Los estados gobernados por el PRI muestran ajustes menores: 0.312% en Coahuila y 9.1% en Durango. En Jalisco, administrado por MC, el ajuste es mínimo (0.26%), mientras que en Nuevo León asciende al 49.3%.
La realización de elecciones judiciales también se ha visto afectada. San Luis Potosí aún espera 16.4 millones de pesos para cubrir convenios con el INE. A pesar de haber solicitado una ampliación presupuestal, el Ejecutivo local solo transfirió 3.8 millones de pesos después de la elección. El OPLE de Colima también reporta un faltante de 12.3 millones de pesos para cubrir gastos de la elección judicial local.
En Yucatán, gobernado por Morena y el Partido del Trabajo, el Congreso recortó cerca de 30 millones de pesos al OPLE para 2025. El organismo tuvo que utilizar 5.2 millones de pesos de su gasto operativo para cubrir costos de la elección judicial, lo que afectó partidas destinadas a salarios, funcionamiento de la defensoría pública y programas de educación cívica. A pesar de estas dificultades, el INE ha considerado que el riesgo para el pago de salarios y aguinaldos es medio.