La propuesta de reforma para aplicar retroactividad en casos vigentes genera rechazo tanto en la Suprema Corte como en líderes políticos del actual gobierno.
En un contexto de discusión legislativa, representantes judiciales y políticos expresaron su oposición a la inclusión de un transitorio que permitiría que la reforma a la Ley de Amparo se aplique de manera retroactiva. La propuesta, impulsada por algunos integrantes del Senado, busca que los nuevos lineamientos tengan efecto en procesos judiciales en curso, lo que ha despertado inquietudes sobre la constitucionalidad y el respeto a los derechos adquiridos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado su postura de que la ley debe ajustarse para mantener la coherencia constitucional, especialmente en aspectos relacionados con la protección de derechos humanos y garantías. La ministra presidenta de la SCJN subrayó que la legislación debe respetar los principios que prohíben la retroactividad en materia legal y que cualquier modificación en ese sentido debe ser cuidadosamente revisada.
Por su parte, altos funcionarios del gobierno y del partido en el poder han expresado su desacuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las leyes deben respetar lo establecido en la Constitución, que claramente prohíbe la retroactividad, asegurando que la propuesta original no incluía este cambio. Señaló que, si no se hacen los ajustes necesarios, será la Suprema Corte la que defina la constitucionalidad de la reforma, manteniendo la protección del Estado de derecho y el respeto a las garantías jurídicas.
El debate en torno a la reforma refleja una tensión entre la intención legislativa de agilizar ciertos procedimientos judiciales y la importancia de mantener la estabilidad jurídica y los derechos adquiridos por los ciudadanos. La discusión continúa en el Congreso, mientras expertos alertan sobre los posibles efectos de permitir la retroactividad en un marco legal que busca proteger principios constitucionales.