El Congreso analiza un proyecto de más de 56 mil millones de pesos, con énfasis en seguridad, educación y medio ambiente, incluyendo ajustes en secretarías y deuda pública.
El Congreso de Quintana Roo ha comenzado formalmente el análisis del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que contempla una asignación total que supera los 56 mil millones de pesos, representando un incremento cercano al 10% respecto al año anterior. La propuesta desglosa los recursos en dos grandes categorías: gasto programable, que destina aproximadamente 45 mil 752 millones de pesos a dependencias y entidades, y gasto no programable, enfocado en participaciones, deuda pública y fondos estatales.
El análisis revela importantes variaciones en la asignación para diferentes secretarías y órganos autónomos. Mientras áreas como la Secretaría de Medio Ambiente recibirán un incremento superior al 50%, obras públicas sufrirá un recorte del casi 80%, limitando potenciales proyectos de infraestructura. Además, se crea una nueva Secretaría de Anticorrupción, sustituyendo a la Contraloría, con un presupuesto de más de 182 millones de pesos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
En el ámbito de seguridad, las autoridades destinarán más de 4 mil 245 millones de pesos, buscando mejorar capacidades operativas y procesos de profesionalización policial. La inversión en salud, educación y turismo también muestra incrementos, reflejando las prioridades del estado hacia el bienestar social y la promoción turística, esencial para la economía local. La gestión de la deuda pública continúa siendo una consideración importante, con un saldo directo que alcanza más de 19 mil millones de pesos para garantizar el financiamiento y mantenimiento de obras públicas.
Este proceso de revisión entregará al Legislativo la oportunidad de ajustar los montos y prioridades antes de su aprobación definitiva, impactando decisivamente en la estrategia de desarrollo de Quintana Roo en los próximos años. La evaluación de estos recursos será clave para entender el rumbo que tomará el estado en materia de infraestructura, seguridad y servicios sociales.