La entidad concentra un tercio de los delitos registrados en el país, manteniendo una tendencia persistente y resaltando la vulnerabilidad social y turística.
Quintana Roo continúa posicionándose como la principal entidad en México con mayores casos de trata de personas, particularmente en perjuicio de mujeres y niñas, durante el período de enero a septiembre de 2025. Los registros oficiales indican que en estos nueve meses, el estado reportó 132 de los 394 casos nacionales, representando más del 33% del total, una proporción que evidencia su papel central en este delito. En comparación, el Estado de México reportó 58 casos, consolidándose en la segunda posición. Ambos estados acumulan casi la mitad de todas las víctimas de trata identificadas en todo el país, lo que refleja una tendencia alarmante.
La situación en Quintana Roo se ha mantenido desde años anteriores, en los que también lideró las cifras de víctimas, incluyendo los 175 casos registrados en 2024. La alta tasa de incidencia, situada en 12.64 casos por cada 100 mil mujeres, supera significativamente a otras entidades como Zacatecas, con 3.66 por cada 100 mil. Además, el estado presenta una vulnerabilidad especial debido a su fuerte actividad turística, que facilita prácticas delictivas relacionadas con la explotación sexual y laboral.
Es importante destacar que, además de la trata, Quintana Roo enfrenta desafíos en materia de violencia contra las mujeres, ocupando el lugar 18 a nivel nacional en feminicidios, con una tasa de 1.34 por cada 100 mil. También presenta una preocupante cifra de delitos como la corrupción de menores, colocando al estado en la quinta posición en México. La persistencia de estas problemáticas revela que, pese a los esfuerzos de prevención y operativos policiales, la combinación de impunidad, turismo y condiciones sociales vulnerables mantiene a Quintana Roo en una situación de alto riesgo para las víctimas potenciales.
La presencia constante de estos delitos en la región resalta la necesidad de fortalecer prácticas de vigilancia, justicia efectiva y acciones sociales integradas para reducir la vulnerabilidad y proteger a las poblaciones más afectadas.