Se identifican 116 desarrollos irregulares y se intensifica la vigilancia para proteger a compradores y garantizar la legalidad en el sector inmobiliario del estado.
En los últimos meses, las autoridades de Quintana Roo han reforzado sus esfuerzos para erradicar las ventas ilegales de terrenos y prevenir fraudes inmobiliarios. La estrategia contempla un monitoreo exhaustivo de campañas publicitarias en redes sociales y plataformas digitales, así como la verificación de permisos en colaboración con los ayuntamientos locales. Hasta la fecha, se han detectado y boletinado 116 desarrollos que operaban sin la autorización correspondiente, contribuyendo a reducir los riesgos para los potenciales compradores.
El combate a la ilegalidad incluye acciones preventivas, como alertar a la comunidad mediante avisos públicos y realizar inspecciones en campo para detectar obras sin permisos. Asimismo, en los últimos cuatro meses, se han efectuado más de 125 revisiones, resultando en dos denuncias penales contra quienes reincidían en la venta de lotes no autorizados. La normativa estatal establece que promover vendajes sin autorización constituye una responsabilidad penal, una práctica que ha sido especialmente problemática en destinos turísticos como Tulum, donde algunos desarrolladores incumplen promesas de entrega.
Para garantizar transacciones seguras, las autoridades aconsejan verificar la autorización de cualquier propiedad antes de realizar pagos, ya que algunos desarrollos boletinados aún enfrentan procesos de regularización, mientras que otros se encuentran ubicados en zonas donde no es posible desarrollar proyectos habitacionales. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave en la lucha contra estas prácticas ilícitas, reforzando la protección tanto del medio ambiente como de los intereses ciudadanos.
En el ámbito municipal, en Cancún, se llevan a cabo investigaciones por venta irregular de terrenos, con dos desarrollos asegurados en puntos estratégicos como la avenida Guayacán y la ruta hacia Leona Vicario. La colaboración con la Fiscalía General del Estado ha permitido actuar con rapidez para prevenir daños ecológicos y económicos, promoviendo la confianza en los procesos legales que respaldan los proyectos inmobiliarios en la región.