La creación de leyes y operativos coordinados buscan reducir la impunidad y aumentar la confianza ciudadana en la seguridad regional. Quintana Roo intensifica sus esfuerzos en seguridad y justicia con medidas que buscan reducir la incidencia de extorsión y recuperar la confianza social. La gobernadora Mara Lezama Espinosa participa activamente en foros nacionales en protección civil y seguridad pública, promoviendo una estrategia integral para fortalecer la paz en la región. En ese contexto, se presenta una iniciativa para aprobar una ley estatal contra la extorsión, alineada con la legislación federal, que busca endurecer penas, perseguir delitos de oficio y proteger a los denunciantes. Dichas acciones son fundamentales para enfrentar un delito que ha impactado tanto a familias como a negocios, generando un efecto negativo en la economía local. La coordinación con autoridades nacionales refleja una visión conjunta para abordar la problemática en toda la entidad, desde una perspectiva de responsabilidad compartida. Además, en el ámbito judicial, la detención del exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, marca un avance en la lucha contra la impunidad. La negativa para suspender las órdenes de aprehensión en su contra enfatiza el compromiso de las autoridades para sancionar irregularidades y delitos relacionados con desvíos y venta fraudulenta de bienes públicos. La expectativa es que estos procesos senten un precedente firme en la rendición de cuentas y en la confianza hacia las instituciones judiciales. En otra acción concreta, un operativo conjunto en Playa del Carmen permitió el aseguramiento de cinco farmacias “D’Francia” debido a la venta de medicamentos adulterados y psicotrópicos sin regulación. La intervención busca proteger la salud pública y garantizar un mercado farmacéutico transparente, especialmente en un destino turístico de alta afluencia. La colaboración entre las instituciones demuestra una voluntad de actuar contra act
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