Organizaciones ambientales exigen que el nuevo Plan de Desarrollo Urbano restaure el acceso público a varias playas del municipio para evitar su privatización y mantener derechos de los usuarios.
En Cancún, organizaciones civiles alertan sobre cambios en el uso de suelo que podrían restringir el acceso a playas públicas, poniendo en riesgo su carácter de bien común. La agrupación ambientalista responsable de defender el medio ambiente ha solicitado que las autoridades municipales rectifiquen las clasificaciones de varias playas tradicionales, que actualmente aparecen bajo categorías que favorecen su privatización y control privado, en contraste con su reconocimiento legal como espacios públicos.
Históricamente, la franja costera del destino turístico ha sufrido avances en su ocupación por proyectos privados y concesiones, limitando el acceso de la población local y visitante. Desde los años 80, diversos movimientos sociales han insistido en la importancia de mantener abiertos estos espacios, fundamentales para la cultura y el derecho ciudadano al libre tránsito, especialmente en un polo turístico de gran impacto económico y social.
El actual debate se intensifica con las reformas al Programa de Desarrollo Urbano, en las que se han detectado inconsistencias técnicas y jurídicas. Pese a que la legislación vigente estipula que las playas marítimas son bienes de uso común y no pueden ser restringidas, cambios recientes en las categorías urbanísticas parecen contradecir estos principios, al clasificar ciertos tramos como áreas turísticas. La falta de respuesta oficial del ayuntamiento de Benito Juárez mantiene en evidencia la necesidad de mayor transparencia en el proceso de aprobación del PDU y en las decisiones de planeación urbana.
Expertos y comunidad académica coinciden en que garantizar el acceso universal a las playas debe ser prioritaria en la formulación de políticas públicas, especialmente en una región que vive del turismo y la conservación del entorno natural. La revisión en curso del nuevo plan será decisiva para definir si se respetan los derechos colectivos sobre estos espacios emblemáticos y si se adoptan medidas de protección contra procesos de privatización progresiva.