Diversas agrupaciones demandan penalización máxima y el fin de la impunidad en incidente que involucra a una menor en instalaciones militares.
En un contexto donde la protección infantil y la lucha contra la impunidad son prioritarios, varias organizaciones feministas han alzado su voz en respuesta a un grave hecho ocurrido en Cozumel, Quintana Roo. La atención se centra en el presunto abuso sexual de una niña de nueve años dentro de las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). La denuncia ha generado una polémica pública y un llamado urgente a las autoridades para que se investigue a fondo y se aplique la justicia correspondiente.
A raíz del caso, más de 39 grupos y colectivos de diferentes estados han firmado un pronunciamiento dirigido a las máximas autoridades del Estado y del municipio, exigiendo que el proceso judicial se realice en jurisdicción civil, para garantizar la protección de los derechos de la víctima y la transparencia del procedimiento. Además, demandan protección integral para la familia de la menor y una investigación exhaustiva de la Fiscalía General del Estado para determinar si existen más víctimas relacionadas.
En su manifiesto, las organizaciones también condenan el hostigamiento y la criminalización que han enfrentado los padres de la menor, quienes han sido forzados a firmar declaraciones minimizando la gravedad del caso. Urgen a que funcionarios involucrados en prácticas de encubrimiento y hostigamiento sean removidos de sus cargos y exigen una disculpa pública. Asimismo, solicitan la renuncia del presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, por sus acciones que, según el colectivo, buscan revictimizar a la familia y reducir la credibilidad del proceso.
Estas agrupaciones advierten que este incidente revela una estructura de impunidad que protege a integrantes militares y criminaliza a las víctimas, por lo que prometen vigilar que la justicia se haga de manera efectiva y sin favoritismos. Insisten en que la vida y seguridad de las menores deben ser la prioridad absoluta, dejando en claro que no permitirán que el caso quede en la impunidad. La lucha por justicia y protección infantil sigue siendo una de las principales demandas de estos colectivos, que buscan fortalecer la vigilancia y transparencia en todos los procesos judiciales en la materia.