Autoridades inician verificaciones en centros laborales tras finalizar el periodo de adaptación para promover la salud y bienestar de los empleados.
El gobierno de Quintana Roo ha comenzado una serie de recorridos de inspección para verificar que las empresas cumplan con la Ley Silla, iniciativa que garantiza a los empleados el derecho a sentarse durante su jornada laboral. La revisión se realiza tras concluir el período de adaptación, que finalizó el 14 de diciembre tras la publicación de la reforma el 17 de junio de 2025. Durante este tiempo, las autoridades emitieron requerimientos preventivos para fomentar la incorporación de mobiliario adecuado, enfocándose en sectores como gasolineras, farmacias y comercios diversos.
La Ley Silla surge como una medida para proteger la salud de quienes desempeñan labores de pie por períodos prolongados, permitiendo pausas activas y cambios de postura que reducen el riesgo de fatiga y lesiones. Hasta ahora, aproximadamente 300 centros laborales fueron visitados en una fase preventiva, donde se detectó que solo unos 140 estaban equipados con las sillas requeridas. La intensificación de las inspecciones apunta a fortalecer el cumplimiento de la normatividad en todo el Estado, bajo sanciones que van desde multas económicas hasta suspensiones temporales de actividades. Las multas pueden alcanzar hasta 280,000 pesos en casos reiterados, además de que los empleados tienen la opción de acudir a instancias como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para denunciar incumplimientos, sin costo alguno.
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) también participa en estas verificaciones, revisando contratos principalmente en el sector turístico-hotelero que ocupa más del 60% de la planta laboral en la región. La implementación de la Ley Silla busca mejorar las condiciones laborales sin afectar la productividad, promoviendo la salud de los trabajadores en uno de los destinos turísticos más importantes de México.
Como parte del nuevo contexto laboral, estas acciones reflejan un compromiso mayor por garantizar derechos básicos y fomentar ambientes de trabajo saludables, en un momento donde la atención a la salud ocupacional ha cobrado mayor protagonismo en la agenda pública y empresarial.