La reducción de la pena para Vicente N. generó controversia entre defensores animales, que piden mantener la sanción original y revisar posibles irregularidades judiciales. En Querétaro, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito modificó la condena contra Vicente N., responsable del envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango en junio de 2021. La sentencia, que inicialmente establecía una pena de 10 años de prisión y una multa de 10 mil pesos, fue reducidad a cuatro años de cárcel y una sanción económica menor. Esta decisión ha encendido una polémica significativa en el movimiento de protección animal, que considera que la reducción no respeta la gravedad del acto. Activistas y organizaciones ambientales convocaron una manifestación pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado para exigir que se respete la resolución original y que se aplique una justicia más rigurosa. La abogada del caso, Mónica Huerta, denunció que la resolución representa un retroceso en los esfuerzos por protección animal y que la argumentación de los magistrados carece de sustento legal, apuntando además a posibles irregularidades judiciales. Como respuesta, se anunció la presentación de recursos de apelación y una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial para investigar posibles actos de corrupción o mala praxis en la emisión del fallo. Este incidente pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de los animales en situaciones de protección, sino también las disputas jurídicas que pueden entorpecer el avance de leyes y sanciones más estrictas en defensa de los derechos de los animales. La discusión sobre qué peso debe tener la protección del bienestar animal en el sistema judicial es una temática recurrente en la agenda legislativa y social del país, en un contexto donde la sensibilidad por estos temas continúa creciendo y exige mayor compromiso de las instituciones.
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