Legisladores critican a diputados de Morena por aprobar recortes que afectan salud, educación y desarrollo en el estado
El debate sobre el presupuesto federal para 2026 revela un impacto económico significativo en Querétaro, tras la aprobación de recortes por más de 2 mil millones de pesos. La reducción afecta diversos sectores clave, incluyendo salud, educación y obra pública, poniendo en riesgo el bienestar y desarrollo de las comunidades estatales.
En este contexto, los legisladores del Partido Acción Nacional expresan su preocupación por la pasividad mostrada por los representantes de Morena, quienes, en años anteriores, aprobaron los recortes que ahora golpean directamente a las familias queretanas. Estos recortes involucraron una disminución de 758 millones de pesos en el Fondo de Aportación para la Salud, que financia hospitales y servicios médicos, lo que puede traducirse en menos atención médica y recursos para los hospitales públicos.
Asimismo, la infraestructura educativa sufrió una reducción de 144 millones de pesos en fondos destinados a construir y rehabilitar escuelas, retrasando obras que benefician a miles de estudiantes. La disminución en participaciones federales, que suman 1,267 millones de pesos, también impacta la prestación de servicios básicos en los municipios del estado, desde seguridad hasta obras de infraestructura social. Adicionalmente, casi 125 millones de pesos en fondos para combatir la pobreza y realizar obras comunitarias fueron recortados, afectando programas sociales esenciales.
Históricamente, este tipo de recortes evidencian las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas sobre el control del gasto público y el desarrollo regional. La pérdida de recursos no solo limita la inversión en infraestructura y servicios básicos, sino que también compromete el crecimiento a largo plazo de Querétaro. Para contrarrestarlo, los actores políticos buscan alianzas que faciliten acuerdos en el ámbito estatal, priorizando siempre el bienestar social por encima de intereses partidistas.
Este escenario subraya la importancia de la gestión presupuestal eficiente y transparente, crucial para garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio directo de las comunidades y sus necesidades prioritarias.