El Instituto Electoral de Querétaro prepara un presupuesto superior para las elecciones 2026-2027 y la renovación del Poder Judicial, invirtiendo en infraestructura y personal especializado.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha presentado una solicitud de presupuesto superior a los 86 millones de pesos destinados a la preparación de los procesos electorales y judiciales en los próximos años. Esta cifra incluye 56.2 millones para el ciclo electoral 2026-2027 y 30 millones adicionales para la elección del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la organización de casillas específicas y la incorporación de personal técnico especializado.
Dado que 2026 marcará el inicio del proceso electoral en Querétaro, el instituto estima que será necesario reforzar su estructura con consejos distritales y municipales, además de ampliar la infraestructura electoral. La solicitud forma parte de un incremento del 6.2% respecto al presupuesto solicitado en 2025, que en total superó los 270 millones de pesos, de los cuales más de la mitad corresponden al financiamiento de partidos políticos.
La inversión en estos procesos también contempla la instalación de casillas especializadas, diferentes a las habituales, para procesos judiciales, en reconocimiento a la complejidad y la significativa participación ciudadana en estas elecciones. Además, el organismo ya trabaja en los preparativos para los plebiscitos de Cadereyta y Querétaro, previstos para abril de 2026, en los que se planea emplear urnas electrónicas del Instituto Nacional Electoral para asegurar mayor eficiencia y transparencia.
En el contexto político local, el IEEQ también trabaja en una reforma electoral que busca abrir oportunidades para que mujeres accedan a cargos municipales en municipios donde todavía no han sido electas como presidentas municipales, promoviendo acciones afirmativas ante la Suprema Corte y respetando la soberanía de la legislatura.
Este plan estratégico refleja la importancia de fortalecer la democracia en Querétaro mediante recursos bien dirigidos y procesos transparentes, en un año preelectoral que marca un punto de inflexión en la participación ciudadana y la gobernabilidad del estado.