La legislación busca penalizar a quienes ofrecen servicios educativos sin autorización oficial, protegiendo a los estudiantes y fomentando la competencia justa.
El Congreso del estado de Querétaro continúa fortaleciendo su marco normativo contra las instituciones educativas no oficiales. En un avance legislativo, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó un dictamen que contempla sanciones de prisión de hasta cuatro años para quienes operen escuelas que incumplan con los requisitos legales. La iniciativa, impulsada por el bloque parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como objetivo reducir la proliferación de centros educativos clandestinos que carecen de reconocimiento oficial y que representan una competencia desleal para las instituciones acreditadas. La legislación específica que solo los centros educativos con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), emitido por la Secretaría de Educación, pueden ofrecer certificados válidos. La problemática se ha agravado en el país, donde algunas instituciones operan sin registro, falsean certificaciones y generan pérdida de confianza tanto en los padres como en los estudiantes. La propuesta ahora será sometida a votación en el pleno de la LXI Legislatura, en busca de reforzar la protección de los derechos de los consumidores de servicios educativos y asegurar la calidad académica.