Grisell Balderas Jonguitud prolonga su plantón en juzgados para exigir la reunificación con su hijo, en medio de retrasos judiciales en Quintana Roo.
En Playa del Carmen, la activista Grisell Balderas Jonguitud lanzó una protesta indefinida en los juzgados del Poder Judicial de Quintana Roo, exigiendo la restitución de la custodia de su hijo Matías. La manifestación se intensificó tras el aplazamiento de una audiencia crucial, que tenía como objetivo resolver la nulidad de una vinculación a proceso que afecta sus derechos familiares. La audiencia, programada inicialmente para el domingo, fue pospuesta para el miércoles, pero Balderas aseguró que continuará en el lugar hasta que logre que su hijo regrese con ella. La detenida protesta revela un caso que, además de la disputa familiar, evidencia un problema mayor en la justicia mexicana: el riesgo de violencia vicaria, una modalidad en la que la violencia se ejerce a través de los vínculos familiares, para presionar o perjudicar a las madres. La activista denuncia que la obstrucción judicial le impide reunirse con su menor, víctima de un proceso que ella considera injusto. Desde hace varios días, Balderas ha instalado un plantón debajo de los accesos principales a los juzgados civiles, familiares y mercantiles, rodeada de mensajes que movilizan su causa. La acción ha recibido apoyo de colectivos feministas y usuarios del sistema judicial, reflejando una problemática que ha cobrado notoriedad en la región, incrementando la atención sobre las fallas en la protección de los derechos de las madres en procesos de custodia y la presencia de violencia vicaria en México, un fenómeno que aún requiere atención urgente de las autoridades.
Además, este caso resalta la importancia de fortalecer los mecanismos judiciales y de protección para evitar que situaciones de violencia vicaria afecten aún más la integridad emocional y física de las víctimas, particularmente en contextos donde los procesos legales parecen prolongarse indebidamente. La lucha de Balderas muestra la urgencia de una justicia más sensible y efectiva en casos de violencia familiar y derechos humanos.