La Fiscalía revela vínculos de Guillermo Fragoso con redes criminales, donde se involucran delitos como huachicol, extorsión y tráfico de armas, en un contexto de inseguridad y corrupción en México.
Guillermo Fragoso, líder del Sindicato Nacional 25 de Marzo y actualmente prófugo de la justicia, ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y huachicol en Querétaro. Las investigaciones señalan que mantiene estrechos vínculos con personajes como Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, y Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, quienes presuntamente lideran actividades delictivas en diferentes regiones del país.
El análisis de la fiscalía revela que Fragoso perpetraba estas relaciones mediante mecanismos como grupos paramilitares para invadir tierras y manipular recursos ilegales en la región. Además, se documentó que el líder sindical fungía como escolta en una empresa de seguridad privada, utilizada para facilitar operaciones ilícitas, incluyendo el comercio ilegal de armas y la obtención de licencias ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 22 de febrero pasado, las autoridades federales realizaron un cateo en el predio conocido como “La Espuela”, en Querétaro, donde se almacenaban combustibles de procedencia ilícita desde Centroamérica. En el lugar, se hallaron credenciales y constancias que acreditan la presencia de Fragoso Báez en dicha organización, así como vínculos con actividades de tráfico ilegal. La empresa Servicios Integrales Valbon, donde fue registrado como vigilante, habría funcionado como fachada para la movilización de armas y combustible.
La figura de Fragoso ha sido asociada además con delitos de extorsión a transportistas, ataques incendiarios a pipas de empresas rivales y amenazas a distribuidores de gas en el Estado de México. En el pasado, su intento por acceder a una diputación local en 2021, también en esa entidad, no prosperó, evidenciando su involucramiento en diversas actividades ilícitas con impacto en la seguridad pública.
En un contexto más amplio, estos hechos ilustran la infiltración del crimen organizado en sectores sindicales y autoridades, reforzando la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y control para garantizar la seguridad y el estado de derecho en el país.