La nueva iniciativa busca proteger a comunidades vulnerables y frenar la corrupción.
El gobierno de Puebla envió al Congreso local una propuesta para endurecer las penas contra el despojo inmobiliario. La iniciativa plantea sanciones de hasta 15 años de prisión para los autores intelectuales de estos delitos, así como multas que alcanzan las 351 mil 930 pesos.
La propuesta, que comenzó su análisis el 29 de enero, busca castigar severamente a quienes afecten a grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores y comunidades indígenas. Se prevé un escalonamiento de las penas según la gravedad del delito, enfatizando que se castigará también la participación de funcionarios públicos.
El objetivo es desmantelar redes criminales que afectan a miles de familias en Puebla.