Puebla, Puebla. – Al menos diez grupos de piperos armados operan en la extracción y venta ilegal de agua en Puebla, utilizando pozos posiblemente contaminados cerca de la presa Manuel Ávila Camacho, lo que representa un grave riesgo para la salud pública, según una denuncia del diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo. Estos operadores, comparados con “huachicoleros del agua”, venden el líquido clandestinamente hasta en mil pesos por pipa.
La denuncia detalla que la extracción se realiza en pozos ubicados en zonas como Arenillas y San Francisco Totimehuacan, cerca del lago de Valsequillo (Presa Manuel Ávila Camacho). Los pozos, cercanos al cuerpo de agua, podrían estar contaminados con metales pesados y coliformes, según han advertido especialistas como Gabriela Pérez Castresana de la Universidad Iberoamericana de Puebla y Alejandro Torres Jaramillo del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El legislador señaló la presunta impunidad de estos grupos, sugiriendo que su operación se debe a complicidad de autoridades. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha identificado a estos grupos armados, pero requiere del apoyo de la Guardia Nacional y mayor personal para proceder a clausuras. La Fiscalía General del Estado también ha sido instada a investigar de oficio, dado el carácter criminal de las operaciones.
Reportes previos, como el publicado por La Jornada de Oriente en enero de 2023, ya señalaban la extracción de agua de pozos cercanos a la presa para surtir a colonias con servicio deficiente o nulo, y donde la empresa Concesiones Integrales opera con un servicio calificado como deficiente. La presidente del Comité de Vigilancia del Agua Potable en la demarcación, Blanca Justo Cortés, ha expresado preocupación por la calidad del agua consumida.
La nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales buscan combatir el mercado ilegal, pero la magnitud del problema, exacerbado por la presencia de grupos armados, pone en duda su efectividad. El tráfico de agua en estas condiciones no solo constituye un robo de recursos, sino una amenaza directa a la salud de miles de consumidores en Puebla, exponiendo la incapacidad del Estado para garantizar tanto la seguridad hídrica como la integridad de la población.