Un reciente pronunciamiento del alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, ha encendido las alarmas sobre los límites territoriales entre este municipio y Puebla capital. Este conflicto, que se remonta a años de desatención y desinterés gubernamental, pone en riesgo la estabilidad social y económica de la zona, particularmente la Calzada Zavaleta, donde miles de comercios rutinariamente tributan a Puebla, cuando legalmente deberían hacerlo a Cuautlancingo.
Hay más de 5 mil cuentas prediales afectadas por esta situación, lo que significa una significativa pérdida de ingresos para el municipio de Cuautlancingo. El reclamo de este municipio se basa en un decreto de 1962 que fortalece su posición sobre las áreas en disputa, que incluyen desde el Puente México hasta Ignacio Romero Vargas. A pesar de esta base legal, las declaraciones del presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, han generado fricciones, menospreciando la seriedad del tema sin un entendimiento cabal de la situación.
Históricamente, las colindancias en Puebla han sido un tema complicado, lo que afecta la calidad de vida de los habitantes. A menudo, los ciudadanos no saben a quién adentrarse para cuestiones esenciales como la recolección de basura y la seguridad. Esta confusión se agudiza con el reciente problema de los desechos provenientes de Puebla, que han tenido que ser trasladados a Atlixco por la falta de atención en la gestión de residuos.
Actualmente, la situación entre Cuautlancingo y Puebla no ha escalado a un conflicto armado, pero hay potencial para que la tensión aumente si no se toman acciones efectivas. El Congreso del estado tiene un papel crucial para mediar en esta disputa, ya que en caso de no gestionarla adecuadamente, los ciudadanos serán quienes continuarán padeciendo las consecuencias de esta incertidumbre territorial.
Con información de pueblaonline.com.mx