Colectivos exigen mayor acción a la Fiscalía de Puebla para esclarecer casos y evitar que la desaparición se normalice
La falta de progresos en las investigaciones por desapariciones en Puebla en 2025 genera preocupación entre activistas y familias afectadas. A 12 meses, no hay nuevos juicios y las carpetas permanecen estancadas, evidenciando la crisis que enfrenta la búsqueda de personas desaparecidas en México.
Desde el retiro del Árbol de la Esperanza en Puebla, las familias notaron poca actividad en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). La falta de denuncias anónimas y los pocos indicios revelan la gravedad del fenómeno en la región. La instalación de decenas de fichas de búsqueda en sitios públicos busca mantener visible la problemática, pero no suficiente para generar avances efectivos.
La crisis de desapariciones en Puebla refleja un problema estructural. La fiscalía ha sido criticada por no establecer vínculos claros entre los casos ni acelerar procesos judiciales. Solo algunas acciones, como el anuncio de más vehículos y la creación de unidades especializadas, intentan mejorar la situación, pero aún son insuficientes. La demora en la judicialización evidencia la lentitud del sistema judicial y la falta de recursos adecuados.
Además, la dificultad para conectar casos y la ausencia de un análisis profundo sobre las causas detrás de las desapariciones limitan las respuestas. La falta de una estrategia integral impide avanzar en la identificación de patrones y la prevención. La situación requiere un compromiso real y recursos robustos para que las familias puedan tener justicia y verdad.
En un análisis más amplio, esta problemática no solo afecta a Puebla. La desaparición de personas refleja una crisis social, económica y cultural en México. La inacción de las autoridades obliga a preguntarse sobre la voluntad política para resolver uno de los mayores desafíos nacionales. La Consolidación de acciones federales y locales es crucial para revertir esta tendencia.
El involucramiento de colectivos y organizaciones civiles ha sido fundamental para mantener la presión pública. Sin embargo, la falta de voluntad política y recursos significa que muchas carpetas permanecen en la impunidad. La situación necesita un cambio urgente, con mayor transparencia y eficiencia en las investigaciones.
En suma, la ausencia de avances en 2025 evidencia una crisis de protección y justicia. La sociedad y las familias afectadas exigen acciones concretas para detener la desaparición y garantizar que quienes buscan a sus seres queridos tengan respuestas. La realidad exige actuar ya.