La Fiscalía del Estado de México vincula a proceso a detenidos por extorsión, secuestro exprés y asociación delictiva en operativos en la región
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que seis personas detenidas durante la llamada “Operación Liberación” fueron vinculadas a proceso por su probable implicación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión. Las autoridades señalaron que estos individuos están siendo investigados por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con grupos delictivos en la zona sur del Estado de México.
Gonzalo “N”, identificado como líder del sindicato “Bradosva”, fue procesado por hechos que ocurrieron el 20 de febrero sobre la carretera Valle de Bravo–Toluca. Según las investigaciones, en compañía de personas armadas, habría exigido a un transportista el pago de 15 mil pesos como derecho de ingreso y una cuota adicional de 2 mil 500 pesos por cada viaje de material de construcción que realizaba en la región. La denuncia señala que estas acciones formaron parte de un esquema de extorsión organizado por este grupo.
También fue vinculada a proceso Yareli “N”, quien fungía como tercera regidora en el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. La Fiscalía sostiene que en abril pasado participó en la privación de la libertad de un comerciante, a quien retuvo en un hotel del municipio con la finalidad de exigirle dinero y así evitar que afectara sus actividades comerciales. La indagatoria indica que la acusada afirmó tener vínculos con una organización con raíces en Michoacán, lo que refuerza las sospechas sobre su participación en actividades delictivas.
En materia de comercio bajo amenaza, Jorge “N”, presunto dirigente de madererías en Valle de Bravo, fue imputado por extorsión agravada. La Fiscalía lo acusa de exigir 100 mil pesos a un comerciante y posteriormente, de solicitar una cuota mensual condicionada a las ventas del afectado, además de obligarlo a comprarle únicamente a él. Estas acciones presuntamente formaron parte de un esquema para mantener el control sobre la actividad económica en la zona.
En otro caso, Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, fue procesado por hechos ocurridos el 11 de marzo, en los que, junto con otros dos sujetos, habría amenazado con matar a un comerciante si se negaba a adquirir carne de res y cerdo exclusivamente con ellos. Los municipios en los que presuntamente operaban estas amenazas son Sultepec, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán, donde las investigaciones indican que intentaban monopolizar la venta de estos productos.
Por otra parte, Alicia “N” y José Fernando “N” también fueron vinculados a proceso por extorsión agravada. La Fiscalía señala que ambos interceptaron a una persona en Ixtapan de la Sal el 4 de junio, obligándola a comprar madera con un sobreprecio del 12 por ciento, bajo la amenaza de impedirle continuar con su trabajo si se negaba. Estas acciones evidencian una estrategia de presión para controlar los precios y las transacciones comerciales en la región.
En Valle de Bravo, Eli “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. La audiencia, celebrada el 27 de julio, fue la culminación de la revisión de datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado de México, en la que se determinó su posible implicación en estos hechos. Según la investigación, Eli “N” interceptó a una víctima el 31 de enero en el municipio de Amanalco, donde, en complicidad con otra persona, la obligaron a subir a un vehículo. Allí, le exigieron un pago inicial, además de una cuota semanal basada en sus ventas, y le indicaron que solo podía adquirir materiales en su establecimiento.
La Fiscalía identifica a Eli “N” como propietario de “JIMEX”, una bodega de materiales ubicada en Valle de Bravo. La investigación señala que actuaba como el único autorizado por un grupo criminal con raíces en Michoacán para distribuir cemento y otros insumos en esa zona. La aprehensión del detenido ocurrió el 21 de julio durante la “Operación Liberación”, en un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.
Hasta la fecha, siete personas han sido vinculadas a proceso tras los operativos realizados en municipios del sur del Estado de México. Además, una audiencia relacionada con Bernardo Alejandro “N” está programada para el lunes 28 de julio. La investigación continúa para identificar y desmantelar esquemas mediante los cuales individuos y grupos criminales establecían precios, cuotas y obligaban a comerciantes a comprar o vender en puntos controlados por la organización.
Los imputados permanecen en centros penitenciarios estatales bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras las autoridades trabajan en la conclusión de la investigación complementaria, la cual tiene un plazo de dos meses y concluirá el 23 de septiembre. Los operativos realizados el pasado 21 de julio, en colaboración de fuerzas federales y estatales, permitieron la captura de estos siete individuos, en un esfuerzo por desarticular las redes criminales que utilizan unidades económicas para imponer esquemas de compra y venta bajo coacción en la región.