La confusión entre ayudas sociales y control territorial alimenta la dependencia y la legitimidad de los grupos delictivos en México.
En las últimas dos décadas, la estrategia del Estado mexicano ha mezclado de manera ineficaz las políticas sociales con las de seguridad, generando resultados contraproducentes. Programas como transferencias económicas, becas y apoyos comunitarios suelen implementarse en zonas con alta incidencia delictiva sin un diagnóstico territorial claro ni coordinación con acciones de seguridad, lo que permite que las organizaciones criminales continúen controlando el territorio y reforzando su influencia. Esta fragmentación favorece que los grupos delictivos se conviertan en actores de bienestar informales, ofreciendo servicios y protección a comunidades que, en ausencia de una presencia gubernamental efectiva, terminan dependientes de su ayuda para sobrevivir. La falta de una política de seguridad integral y la militarización de las tareas preventivas han desplazado a las autoridades locales, profundizando el vacío institucional y facilitando que la delincuencia se legitime como una fuente de estabilidad en muchos casos. Para combatir este fenómeno, es fundamental que el Estado retome su autoridad territorial mediante una estrategia clara de seguridad centrada en la proximidad y la justicia efectiva, además de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, separando estrictamente las funciones de seguridad y desarrollo social. Solo una planificación basada en diagnósticos precisos y en el fortalecimiento institucional podrá desmantelar este entramado que, en la práctica, refuerza la presencia y el poder de los grupos criminales.