CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. – Un análisis de organizaciones feministas revela profundas deficiencias en el plan nacional contra el abuso sexual, al argumentar que la estrategia actual centra la responsabilidad en las víctimas y descuida la prevención de la violencia, privilegiando la denuncia y la tipificación del delito sobre la atención integral.
La medida, aunque se presenta como necesaria, ha sido señalada por Equis, Justicia para las Mujeres, y otra organización consultada, por su enfoque limitado. Ambas coinciden en que la tipificación del abuso sexual como delito grave y la promoción de la denuncia, si bien importantes para el acceso a la justicia, contribuyen escasamente a prevenir las violencias. Datos contundentes indican que nueve de cada diez mujeres que sufren algún tipo de violencia no denuncian ni buscan ayuda institucional, motivadas por el temor a la revictimización, la vergüenza o la incredulidad.
La falta de sensibilidad en fiscalías y ministerios públicos, sumada a los altos índices de impunidad, refuerza estos temores, que no son infundados. En este contexto, la exigencia de una denuncia penal impone una carga adicional sobre las víctimas. Tania Hernández, coordinadora en Equis, Justicia para las Mujeres, enfatiza que este enfoque es “problemático” al reforzar la idea errónea de que la atención y protección dependen exclusivamente de una denuncia. La Suprema Corte de Justicia establece el principio de debida diligencia reforzada, que obliga a las instituciones a actuar ante cualquier caso o riesgo de violencia, independientemente de la existencia de una denuncia.
Las organizaciones feministas aclaran que su análisis no desestima la importancia de las denuncias penales como una vía válida, sino que insisten en la necesidad de garantizar un trato digno e investigación adecuada a quienes opten por esta ruta, sin que sea el único camino para acceder a protección y atención. Este debate se enmarca en la agenda legislativa, donde reformas contra el abuso y el acoso sexual, así como la violencia digital, están siendo discutidas para fortalecer la protección de las mujeres y asegurar que la violencia en el noviazgo, por ejemplo, sea investigada de oficio.