Los legisladores buscan determinar la responsabilidad de altos mandos y figuras vinculadas a la administración pública federal en el percance. Las denuncias fueron interpuestas contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán; su sucesor, Raymundo Pedro Morales; y Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que el accidente es una prueba de la “ineptitud y la corrupción” y urgió a garantizar justicia para las víctimas. Enfatizó la necesidad de una revisión exhaustiva de toda la infraestructura ferroviaria del país para evitar futuras tragedias.
Por su parte, el coordinador Elías Lixa calificó el suceso como una tragedia humana donde las indemnizaciones no sustituyen a la justicia. Anunció que se solicitará una comisión especial en el Congreso para vigilar el esclarecimiento de los hechos, advirtiendo que la negligencia en la administración de recursos públicos conlleva obras inseguras y vidas en riesgo.
El diputado Héctor Saúl Téllez añadió que la estrategia legal incluye peticiones de sanciones ejemplares no solo para servidores públicos, sino también para empresas y proveedores beneficiados por la administración anterior. Resaltó la importancia de investigar contratos otorgados a personajes cercanos a la familia López Beltrán.
Finalmente, Federico Döring explicó que la denuncia ante la FGR busca que todos los involucrados respondan ante un juez de control por delitos como homicidio culposo. La diputada Diana Gutiérrez Valtierra exigió a la ASF rendir cuentas sobre auditorías previas con observaciones, insistiendo en la necesidad de investigar el destino de los recursos públicos ante la pérdida de vidas por falta de transparencia.