El funcionario cercano a Harfuch asumirá el cargo en medio de cambios en la política de seguridad y lucha contra el lavado de dinero
Tras la salida de Pablo Gómez Álvarez de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el gobierno mexicano anunció el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como su nuevo responsable. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en su conferencia matutina del 4 de agosto que Reyes Colmenares ocupará el cargo, aunque su designación aún requiere la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La incorporación de Reyes en la UIF coincide con una estrategia gubernamental para fortalecer las acciones contra el lavado de dinero y el crimen organizado, en un contexto donde Estados Unidos ha intensificado sus operaciones contra cárteles de droga y organizaciones delictivas.
Reyes Colmenares es un funcionario con estrechos vínculos con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Es exsubsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y cuenta con una sólida trayectoria en instituciones de seguridad pública tanto a nivel federal como local. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), título obtenido en 2019, y ha trabajado en áreas de investigación policial y operaciones estratégicas, según información de La Silla Rota. Además, ha estado vinculado a organismos internacionales, habiendo sido director en la Oficina Central Nacional de Interpol México, experiencia que refuerza su perfil en inteligencia y criminalística.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Reyes Colmenares participó en acciones relevantes contra grupos delictivos en la Ciudad de México, integrando el equipo de trabajo de García Harfuch. En noviembre de 2020, García Harfuch invitó a Reyes a integrarse a su equipo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, inicialmente en una área de inteligencia de la Policía Bancaria Industrial. Para mayo de 2021, ya fungía como director general de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto, y en enero de 2022 fue designado director general de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
En octubre de ese mismo año, García Harfuch lo nombró titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, cargo que ocupó hasta octubre de 2024. Además, en su currículum público aparece como director general A, adscrito a la Jefatura General de la Policía de Investigación, experiencia que complementa su perfil en investigación criminal y operaciones estratégicas. La llegada de un funcionario cercano a García Harfuch a la UIF se produce en un contexto en que el gobierno federal refuerza su lucha contra el crimen organizado, en línea con las acciones de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y los cárteles de droga en la región.
Por otra parte, el fin de semana se anunció que Pablo Gómez dejó su cargo en la UIF para asumir la dirección de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Este cambio generó controversia, debido a las propuestas que acompañan su nombramiento, como la eliminación de los diputados plurinominales y la implementación de voto popular para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Tales modificaciones han despertado alertas entre exconsejeros del INE, quienes consideran que podrían afectar la autonomía del órgano electoral y el equilibrio democrático en el país.
En este escenario, la designación de Omar Reyes Colmenares en la UIF representa un movimiento estratégico del gobierno para fortalecer sus instituciones en materia de seguridad y lucha contra delitos financieros. La incorporación de un funcionario cercano a García Harfuch busca, además, potenciar las acciones contra el lavado de dinero en un momento en que las operaciones internacionales y nacionales en esta materia son cada vez más intensas y coordinadas. La aprobación formal de su nombramiento en el Congreso será clave para que asuma plenamente sus funciones en la unidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos en México, en un contexto de mayor vigilancia y control del crimen organizado.