SALTILLO, COAHUILA. – Preocupaciones sobre el desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria emergen en Arteaga, Coahuila, donde se advierte sobre la transformación de áreas naturales en fraccionamientos de lujo, implicando una considerable inversión municipal para servicios básicos en zonas de montaña. Paralelamente, surgen sospechas de operaciones irregulares en la venta de terrenos y subdivisiones, lo que subraya la necesidad de fortalecer la dirección de Catastro y asegurar la transparencia en los procesos catastrales para evitar una burbuja inmobiliaria, potencialmente impulsada por exfuncionarios y políticos.
En el ámbito judicial, el próximo 22 de diciembre iniciará el juicio oral contra Florencio Siller Linaje, exalcalde de Frontera, acusado del delito de amenazas contra la periodista Mayra Cisneros. La denuncia, interpuesta en 2018 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y judicializada en 2019, estuvo a punto de ser aplazada hasta 2026. Sin embargo, un amparo promovido por la organización civil Propuesta Cívica logró revertir esta posible postergación. La audiencia será presidida por el juez Daniel Olvera López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Torreón. Este caso, que se ha prolongado por siete años, es visto como un símbolo de la lentitud judicial, y representa un reto para el juez, quien tiene la oportunidad de demostrar que la justicia en México puede ser oportuna.
En cuanto a la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, se registraron 13 aspirantes para ocupar la vacante. La convocatoria, de carácter exclusivo para hombres, incluyó a figuras recurrentes en procesos de postulación, como Alberto Campos Olivo, Cuauhtémoc Hernández Castilla y Rodrigo Arroyo Peart, con Saltillo dominando en cuanto a la residencia de los inscritos. Entre los aspirantes también se encuentra Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien recientemente concluyó su periodo como consejero electoral, y otros como Pablo Jesús Rodríguez Ramos, José Ignacio Carrillo Aguirre, Juan Antonio González del Bosque, Juan Manuel Pérez Cuéllar, Melchor David Elizondo Sandoval, José Bernardo Morales Rivera, Ramón Antonio Sepúlveda Zárate, Jaime Iván Rodríguez Lozano y Guillermo Ernesto Garza De La Fuente. Se destaca la situación de quienes enfrentan la vida tras dejar la nómina pública, como es el caso de Cisneros Ruiz.
Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su postura sobre la duplicidad de funciones entre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque no existe una propuesta definitiva, Sheinbaum insiste en que la estructura burocrática para organizar elecciones es excesiva, argumentando que los OPLES han perdido relevancia tras la reforma que otorgó al INE el control de la fiscalización. Se espera una propuesta general derivada de los foros organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez. Los críticos electores observan con atención no solo la insistencia presidencial, sino también el silencio institucional del INE, cuya presidencia, bajo Guadalupe Taddei, parece adaptarse al ritmo del gobierno actual, a diferencia de momentos anteriores donde se defendía al sistema electoral con mayor vehemencia.
Finalmente, ha surgido una presunta maniobra de “fuego amigo” en el ámbito político. Circuló la versión de que el diputado morenista Alberto Hurtado habría solicitado, vía transparencia, la agenda y viáticos de la magistrada Isadora De Lourdes Rodríguez, lo cual fue negado por Hurtado. Sin embargo, el incidente es notable porque se utilizó su nombre para realizar la solicitud, sugiriendo una operación interna del aparato estatal con un propósito específico: exhibir las actividades de la magistrada bajo la apariencia de activismo jurídico.