El proceso de selección y capacitación de las nuevas autoridades judiciales se realiza en medio de controversias por irregularidades en las elecciones y distribución de apoyos políticos.
Recientemente, un grupo de jueces y ministros del Poder Judicial rindieron protesta en el Congreso, tras ser electos en un proceso que incluyó cambios legales para fortalecer la transparencia y participación ciudadana. La reforma judicial implementada durante 2024 redujo el número de ministros en la Suprema Corte, ajustó sus periodos de encargo y eliminó pensiones vitalicias, buscando mayor eficiencia y austeridad en el sistema. La selección de estos nuevos juzgadores se realizó mediante voto directo de los ciudadanos, una medida que busca incrementar la legitimidad del proceso.
No obstante, la incorporación de los nuevos integrantes del sistema judicial se vio marcada por denuncias de irregularidades, incluyendo la distribución de listas impresas y digitales que influían en la decisión de los votantes, además de evidencias de prácticas antidemocráticas reportadas por el Instituto Nacional Electoral. Para asegurar un desempeño adecuado, este grupo fue sometido a cursos de capacitación en distintas entidades, abordando temas desde las materias civiles y penales hasta el uso de tecnologías y técnicas de argumentación jurídica, con el fin de garantizar una transición sólida y eficiente.
Estos cambios en la conformación del Poder Judicial apuntan a modernizar y transparentar los procesos, con el objetivo de fortalecer la independencia y la confianza en la justicia, aunque todavía enfrentan retos relacionados con las prácticas electorales y la percepción pública del proceso.