Legisladores locales analizan la asignación y costo de escoltas a funcionarios, buscando optimizar recursos y fortalecer controles internos.
Un proceso de evaluación sobre la asignación de escoltas a funcionarios en Nuevo León ha generado interés entre los legisladores estatales, quienes abogan por una mayor transparencia en el tema. La revisión incluye la verifica del número de escoltas asignados y los costos asociados, con el propósito de optimizar recursos y garantizar que las medidas de seguridad se ajusten a las necesidades reales. Por ejemplo, se ha identificado que un secretario particular del fiscal cuenta con 15 escoltas, cuyo gasto mensual supera los 390 mil pesos, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la justificación de estos recursos. La implementación de controles internos en las instituciones de seguridad busca responder a la demanda social de transparencia y uso responsable del presupuesto público. Además, los análisis consideran si la protección de exfuncionarios debe mantenerse en función de su nivel de responsabilidad y si es necesario justificar cada escolta para evitar gastos excesivos. Esta revisión refleja una tendencia en la gestión pública para reforzar la rendición de cuentas y garantizar que los recursos destinados a seguridad sean priorizados para la protección de la ciudadanía, en un contexto donde la eficiencia y la responsabilidad aumentan la confianza en las instituciones.