Expertos sugieren revisar la ley de seguridad pública para reducir el uso de escoltas y optimizar recursos en la lucha contra el crimen organizado. La actualidad de las instituciones de seguridad en la región enfrenta un escenario que invita a la reflexión y actualización. Aunque en el pasado la protección de exfuncionarios mediante policías ministeriales fue crucial para garantizar su integridad en momentos de alta violencia, en la situación actual, la Fiscalía estatal se enfrenta a una notable escasez de personal dedicado a combatir el crimen organizado. Algunas propuestas sugieren analizar la pertinencia de mantener un esquema que asigna entre 250 y 300 agentes a la protección de antiguos servidores públicos, cuyo gasto mensual se aproxima a los ocho millones de pesos, sin considerar costos adicionales como gasolina y mantenimiento de vehículos. Este enfoque podría requerir ajustes legales para redistribuir recursos y fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales en tareas prioritarias. Paralelamente, otros escenarios políticos recientes evidencian estrategias de protección y apoyo. Por ejemplo, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, optó por medidas preventivas durante su informe de gobierno, cerrando accesos y limitando la presencia de invitados con el fin de evitar disturbios, en un contexto donde la presencia del grupo de Movimiento Ciudadano generaba expectativas de protesta. La reunión ocurrió con un reducido aforo en un esfuerzo por garantizar la seguridad y el orden. Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el liderazgo político también dejó señal de posibles candidaturas futuras. El gobernador Samuel García levantó la mano en señal de apoyo a Óscar Vidal Gutiérrez, director de la Facultad de Medicina, durante un concierto en el Teatro Universitario, en medio de rumores sobre su posible postulación para rector. El acto fue considerado por algunos como un "destape" temprano, en un contexto donde la política universitaria comienza
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