El Grupo de las Seis critica que la medida duplique funciones de sistemas federales y pide reformas enfocadas en la protección infantil efectiva.
En respuesta a la reciente aprobación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios en Nuevo León, organizaciones civiles y expertos han expresado su rechazo, argumentando que la iniciativa resulta innecesaria y redundante. El sistema federal, denominado Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), ya contempla a personas que incumplen en el pago de sus obligaciones tras un proceso judicial formal, por lo que la creación de un registro local sería un duplicado de funciones sin agregar valor real.
La comunidad ha señalado que en agosto de 2024, el entonces presidente del Poder Judicial de Nuevo León confirmó la existencia de registros de deudores alimentarios en el sistema federal, lo que refuerza la idea de que no es prioritario gastar recursos en una nueva plataforma. Además, se advierte que esas acciones distraen fondos que podrían destinarse a mejorar la protección y bienestar de la infancia en la región.
Por otro lado, las organizaciones subrayan que el marco legal vigente no ha sido reforzado con reformas que eviten que los deudores alimentarios accedan a cargos públicos, realicen operaciones inmobiliarias o renueven licencias de conducir hasta regularizar sus adeudos, medidas que podrían ser prioritarias para garantizar los derechos de menores. La propuesta del colectivo es que el Congreso revise sus decisiones y enfoque esfuerzos en fortalecer los mecanismos existentes, evitando duplicidades y asegurando la protección adecuada de la infancia en Nuevo León.
Este rechazo refleja la necesidad de priorizar acciones que impacten positivamente en la protección legal de los menores, en lugar de impulsar iniciativas que, en la práctica, solo generan más burocracia y gastos innecesarios.