La organización argumenta que el nuevo registro duplica funciones del sistema federal y no aporta beneficios adicionales para la protección infantil.
En un pronunciamiento contundente, el Grupo de las Seis manifestó su oposición a la implementación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios en Nuevo León, calificando la medida como innecesaria y redundante. La organización sostiene que ya existe un sistema federal, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que cumple con la función de registrar a quienes incumplen sus obligaciones después de un proceso judicial, por lo que el registro estatal no aportaría mejoras sustanciales a la protección de los derechos de la infancia.
Este rechazo se fundamenta en que la creación de un registro duplicaría funciones administrativas y desviaría recursos que podrían ser enfocados en otras iniciativas prioritarias, como fortalecer la protección legal de menores. La organización también resaltó la ausencia de reformas en el marco legal local que aseguren acciones contundentes, como restringir el acceso a cargos públicos o realizar operaciones inmobiliarias a quienes tengan adeudos alimenticios.
Ante esto, el colectivo llamó a los legisladores a reconsiderar la propuesta y canalizar esfuerzos hacia reformas que refuercen los mecanismos existentes para garantizar un mejor compromiso con los derechos de niñas y niños en la entidad. La postura también enfatiza que cualquier intento de establecer el registro siempre debería estar condicionado a la actualización y fortalecimiento de las leyes que protegen a la infancia en Nuevo León.
Este debate refleja una tendencia en varias entidades mexicanas, donde se busca optimizar recursos públicos y evitar duplicidades en los sistemas de protección infantil, priorizando acciones efectivas para la seguridad y bienestar de los menores.