La fiscalía de la entidad avanza en un proceso transparente para revisar la protección a exfuncionarios, con análisis de riesgos y consideraciones de seguridad.
En Nuevo León, las autoridades iniciaron la conformación de un comité dedicado a evaluar la necesidad de mantener o retirar la protección policial a exfuncionarios públicos. La designación de los integrantes del órgano ya está en marcha, y la oficialización se realizará en el Periódico Oficial del Estado, garantizando un proceso transparente y formal. La medida busca optimizar recursos y responder a los riesgos específicos de cada exfuncionario, considerando también el alto costo mensual que representa la protección, estimado entre 5 y 7.8 millones de pesos.
Este procedimiento forma parte de una revisión más amplia del esquema de seguridad que protectores de exservidores públicos han mantenido durante años. La legislación en Nuevo León establece que quienes ocuparon cargos de alto nivel tienen derecho a escoltas durante un período determinado, pero en algunos casos, la protección continúa incluso una década después, lo cual ha generado debates sobre su pertinencia y sostenibilidad. La revisión permitirá determinar, caso por caso, si la protección sigue siendo necesaria, como medida preventiva ante posibles amenazas.
La decisión llega en un contexto donde el gobierno busca mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la seguridad de sus exfuncionarios más vulnerables. La publicación del reglamento y la conclusión del análisis esperados para finales de octubre, marcarán un paso importante en la política de seguridad institucional en la entidad.