La Fiscalía General analiza eliminar el servicio de protección a exservidores públicos, que actualmente representa un gasto mensual de millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León trabaja en la revisión de los protocolos de protección para exfuncionarios públicos, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir costos operativos. Durante meses, se ha revelado que el órgano invierte de manera significativa en el desplazamiento de personal dedicado a la seguridad de exfuncionarios, incluyendo exprocuradores y exdirectores de la Agencia Estatal de Investigaciones. Cada uno de estos funcionarios puede disponer de entre dos y siete escoltas, con sueldos que oscilan entre 20 y 26 mil pesos mensuales, lo que implica un gasto mensual de hasta 182 mil pesos solo en salarios, sin contar costos adicionales como mantenimiento de vehículos y otros gastos operativos. Para tomar una decisión informada, un comité especializado evaluará los riesgos asociados a cada caso, considerando los cargos desempeñados y el periodo que deben mantener protección. La ley estatal establece que la protección puede extenderse hasta por tres años para exfuncionarios de alto nivel y hasta seis para gobernadores, pero esta duración puede extenderse si existen amenazas justificadas. La iniciativa busca alinear la protección con las necesidades reales y el presupuesto de la institución, que actualmente destina millones de pesos mensuales a este concepto.