La Comisión Anticorrupción del Congreso local promoverá acciones legales contra el exmunícipe por restituir a un funcionario denunciado por afectar a vecinos, en un proceso en etapa inicial que busca determinar responsabilidades.
El Congreso de Nuevo León ha iniciado formalmente un proceso de juicio político contra el exalcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, tras su decisión de restituir a un secretario de Desarrollo Urbano en medio de controversias y denuncias públicas. La Comisión Anticorrupción del poder legislativo se encuentra revisando los expedientes relacionados con esta acción y analizará si existe responsabilidad del exmunícipe en posibles daños a la comunidad.
Este procedimiento se enmarca en un contexto de mayor control y transparencia en la administración pública, especialmente en casos donde decisiones internas podrían afectar los intereses generales. La institución legislativa apunta a garantizar que todos los servidores públicos rindan cuentas y que sus acciones se apeguen a la legalidad, sin influencias o privilegios indebidos. En el caso particular de Treviño, las investigaciones consideran si su gestión incumplió procedimientos legales, incluyendo la omisión en la remoción de funcionarios que podrían haber perjudicado a los habitantes de la zona.
A nivel legal, el proceso prevé una revisión exhaustiva de las pruebas y una audiencia en la que el exalcalde tendrá oportunidad de defenderse, bajo los principios del debido proceso. Hasta ahora, no se han presentado recursos legales o amparos que detengan la continuidad del juicio. La resolución final determinará si la acción de Treviño fue responsable de causar daños o perjuicios a la ciudadanía, específicamente en relación con la gestión urbanística y el cumplimiento de normativas locales.
Cabe destacar que la denuncia ciudadana y las acciones del Congreso buscan fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública y prevenir posibles irregularidades en decisiones que impactan en la planificación y el bienestar urbano de San Pedro Garza García. La resolución del proceso tendrá un plazo máximo de seis meses, plazo en el cual las sanciones podrán incluir inhabilitaciones o multas, en caso de que se confirme alguna irregularidad.
En paralelo, la autoridad judicial también atiende una demanda complementaria de ciudadanos que solicitaron al Juzgado Primero de Distrito que informe sobre el avance del juicio, buscando evitar omisiones y garantizar transparencia en el trámite legal. Esta situación se vincula con la controversia por la recuperación y gestión de un predio en Las Terrazas, donde la construcción irregular y los permisos urbanísticos jugaron un papel importante.