La conformación oficial del grupo permitirá definir quiénes mantendrán protección, con un sistema que puede ahorrar millones en gastos públicos. En el estado de Nuevo León se ha formado un comité encargado de analizar la continuidad del esquema de seguridad para exfuncionarios, tras la revelación de que entre dos y trescientos agentes ministeriales se desempeñan como escoltas en lugar de realizar funciones de investigación. La integración oficial del grupo se dará en los próximos días mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, tras una revisión del reglamento vigente. Aunque aún no se han dado nombres por motivos de seguridad, la elección de los integrantes ya está avanzada. Este comité evaluará individualmente el nivel de riesgo que enfrentan los exfuncionarios, considerando los cargos que ocuparon y otros criterios de seguridad, para determinar quiénes conservarán las medidas de protección. La iniciativa surge tras un análisis del gasto mensual estimado, que puede alcanzar entre 5 y 7.8 millones de pesos solo en sueldos del personal de seguridad. La ley estatal establece que los exfuncionarios de alto nivel disponen de protección hasta por tres años, y los exgobernadores, hasta seis, salvo que existan motivos de riesgo mayores. El establecimiento de este grupo busca optimizar recursos públicos, reducir gastos innecesarios y garantizar que las medidas de seguridad se otorguen sólo en casos justificados, ajustándose a los niveles de riesgo reales, en un contexto donde la seguridad y la eficiencia en el uso de los recursos son prioridades en la agenda pública del estado.
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